Los intendentes de Hurlingham, Juan Zabaleta, de Ituzaingó, Alberto Descalzo, y de Merlo, Gustavo Menéndez, se reunieron con el fiscal General de Morón, Federico Nieva Woodgate, para articular el trabajo con la Justicia contra las reiteradas amenazas de bomba que se registraron en la región.

Durante el encuentro, los jefes comunales le transmitieron la preocupación de los vecinos por estos episodios y se pusieron a disposición para aportar todo lo que sea necesario para dar con los responsables. El funcionario judicial adelantó que se unificarán las causas y se designará a un fiscal para investigar en forma conjunta estos hechos cuya competencia está a cargo del Departamento Judicial de Morón.

"Nos estamos llevando la decisión de la unificación y también, a partir de un llamado del intendente Descalzo al gobierno bonaerense, la celeridad en función de la investigación desde el punto de vista de la tecnología y la comunicación", dijo Zabaleta tras la reunión.

Y agregó: "Si alguien intenta desestabilizar este proceso democrático que tenemos los intendentes, de trabajo, de convivencia, de cuidar a nuestros chicos, no lo va a lograr. Vamos a seguir comprometidos en la lucha contra el narcotráfico junto a la Justicia, porque estos hechos refuerzan nuestro compromiso".

En tanto, el Jefe comunal de Merlo, Gustavo Menéndez señaló que "lo mejor que podemos hacer es trabajar en conjunto y para eso necesitamos el apoyo tecnológico de quienes tienen los recursos para poder facilitar el trabajo de la Justicia. Si bien desde los municipios no tenemos competencia sobre la educación ni la seguridad nos sentimos en la obligación y el compromiso de responder. Si a estas dos patas se suma la provincia estamos en camino de resolver la cuestión".

Por su parte, Alberto Descalzo manifestó: "Hablé con Federico Salvai, el jefe de gabinete, y con el Ministro de Educación y le pedimos la ayuda necesaria por la preocupación que tienen los vecinos. Nos pusimos en comunicación los intendentes y el fiscal y estamos para darle tranquilidad a la población".

En las últimas semanas se produjeron distintos episodios de amenazas de bomba en Hurlingham, Morón, Merlo e Ituzaingó. En Hurlingham, la intimidación involucró directamente a la hija del intendente y se produjo en el jardín donde concurre la menor.

Según relató el Intendente de Ituzaingó, "el Fiscal nos contó que la información que he podido tener es que esto pareciera exceder la travesura. La investigación de este tipo de casos es especialmente técnica en cuanto al seguimiento y el entrecruzamiento de las llamadas a través de la identificación del lugar y del aparato de donde se hicieron".
"Voy a resolver hoy mismo que se unifiquen estas causas y lo que fundamentalmente necesitamos es el apoyo técnico del entrecruzamiento de llamadas que depende fundamentalmente del Gobierno Provincial", finalizó.

DETUVIERON A UN MENOR EN MORON

Durante el sábado, un menor de edad y su madre fueron detenidos en Morón, en el marco de la causa por las amenazas de bomba y anuncian que es primero de varios ya detectados.
El detenido tiene 17 años y fue llevado de su domicilio por las fuerzas de seguridad junto a su madre
Sería uno de los responsables de al menos cuatro amenazas de bomba en escuelas de Morón. El operativo fue realizado en Castelar Sur bajo la mirada atenta de los fiscales Leonardo Lisa y Daniela Barroso, de la UFI 2, luego de una orden emanada por el juez de Garantías Luis Rodríguez.

El joven de 17 años quedó a disposición de la justicia acompañado por su madre. El delito que se le imputa es el de intimidación pública, y en el allanamiento a su casa los investigadores secuestraron aparatos electrónicos de comunicación como tablet y celulares.

Según informó Primer Plano online, se trata del primero de una serie de procedimientos que la justicia tiene previsto realizar en los próximos días para esclarecer el más de centenar de amenazas que se produjeron en las últimas semanas en Municipios de la región, que obligaron a la evacuación de múltiples escuelas de diversos niveles, jardines de infantes, la Universidad de Morón y hasta el palacio comunal de ese distrito.

El artículo 211 del Código Penal contempla una pena de dos a seis años de prisión para el responsable de infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, diera voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos.

Por otra parte, se investiga también la posible organización de un grupo de menores que estarían utilizando chips prepagos que comprarían para realizar la amenaza y descartarían luego de ese uso, pero aun así podrían ser detectados mediante el seguimiento del IMEI de los aparatos utilizados para tal fin.